A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Golpe de Estado de julio de 1936 en España fue un ataque a la democracia legítimamente instaurada por las urnas. Un ataque al que le siguió la imposición de un régimen dictatorial, la dictadura franquista, que instauró el terror en todo el país.

Es necesario, por tanto, primero condenar este régimen franquista. De ahí surge nuestra primera petición en relación con el Decreto que propone la Junta de Castilla y León de Memoria Histórica, que contemple, de forma expresa, una condena explícita a la dictadura franquista.

La Organización de las Naciones Unidas, dentro del “Documento de la Comisión de Derechos Humanos sobre los principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, a través de título II “Derecho a saber”, indica cuatro principios generales:

  • Derecho inalienable a la verdad
  • Deber de recordar
  • Derecho de las víctimas a saber
  • Garantías para hacer efectivo el derecho a saber

Para poder alcanzar estos principios es necesario establecer una seria de medidas que, en el marco de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas, la Junta de Castilla y León puede cumplir. De ahí nuestra segunda consideración a este Decreto de Memoria Histórica. Entendemos que este Decreto no cumple con los principios desarrollados por las Naciones Unidas para la búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Entendemos que faltan contenidos que permitan una auténtica búsqueda de la verdad y que ya han sido manifestados por diferentes organizaciones.

Este Decreto principalmente hace hincapié en las exhumaciones, en la recuperación de los restos que todavía se encuentran en fosas en nuestro territorio. La recuperación de estos restos entendemos que es fundamental, necesario e importantísimo para cumplir los principios de verdad, justicia y reparación. Como indica el principio de las Naciones Unidas referente a las garantías en relación al derecho a saber, es necesario que se adopten
las medidas efectivas para realizar estos derechos e impedir la desaparición de pruebas. En relación a este tema, recientemente, en concreto en 2017, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, que visitó España en 2013, afeó al Gobierno de España que no había cumplido las recomendaciones que ya hicieron en 2013, entre las que se encontraba, por ejemplo, la aprobación de un Plan Nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Plan por supuesto que, como indica en el reciente informe de 2017, no se ha desarrollado. El Grupo de Trabajo también ha puesto de relieve que no se ha velado por garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de desapariciones forzosas. Por lo tanto, nuestra siguiente consideración a este Decreto es que no aborda de una manera garantista la posibilidad de recuperar los restos de las fosas comunes que se hallan en Castilla y León para asegurar el derecho a saber de las familias.

Por otro lado, en cuanto al artículo 14 del Decreto, sugerimos la incorporación de una obligación de difusión activa a fin de potenciar el conocimiento del mencionado Patrimonio Documental con la colaboración del Sistema de Archivos de Castilla y León y otras instituciones, así como la adopción de medidas específicas como la realización de exposiciones presenciales y virtuales

Para finalizar, dos cuestiones en referencia a este Decreto de Memoria Histórica.

  • Echamos en falta bastantes cuestiones en referencia a la Memoria Histórica. Cuestiones que son fundamentales en los principios de la ONU de verdad, justicia y reparación, y que servirían para recuperar nuestra historia como son, por ejemplo, la investigación, la creación de un Banco de ADN que facilite la localización de familiares, la implantación de Unidades Didácticas, etc. Por tanto, no se incluyen las peticiones de las diferentes organizaciones y que forman parte del núcleo común de reivindicaciones por la recuperación de la Memoria Histórica.
  • Creemos que un tema como la Memoria Histórica necesita de un debate más profundo. Como el que, por ejemplo, se estaba dando en las reuniones mantenidas en las Cortes de Castilla y León con diferentes asociaciones y partidos políticos. Debate que fue paralizado hace ya casi un año sin que se haya recibido a todas las asociaciones. Aun cuando se haya consultado con algunas asociaciones, no creemos que la forma en que se presenta este Decreto sea la más adecuada, ya que no da lugar a ningún tipo de debate y reflexión que permita poner de acuerdo a todas las partes y que origine un texto mucho más profundo sobre la Memoria Histórica en nuestra Comunidad Autónoma. No queremos que este Decreto ponga a freno e impida la posibilidad de abordar más cuestiones con el pretexto de que ya se ha aprobado una norma sobre Memoria Histórica. Por eso, para abordar de forma más profunda, más cuestiones, y que se origine un debate, es necesario que el Decreto sea modificado por un anteproyecto de ley previamente consensuado.
    Por todo ello, presentamos estas consideraciones al Decreto de Memoria Histórica propuesto por la Junta de Castilla y León, a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Porque, a pesar de existir un grupo de trabajo de Memoria Histórica en las Cortes de Castilla y León con asociaciones y representantes de la ciudadanía, es la única vía por la que el Gobierno de la Junta de Castilla y León nos permite participar.

Por lo expuesto,

En Valladolid, a 8 de febrero de 2018