“El Partido Popular ha superado en Castilla y León los límites de los democráticamente tolerable en un país decente”, afirmó Pablo Fernández, portavoz de Podemos en las Cortes, el pasado 18 de febrero, tras el veto de los populares a la comparecencia de Juan Vicente Herrera en la comisión de investigación del caso de las eólicas, una compleja trama de corrupción que afectaría al núcleo del partido en la región, a través de la cual miembros destacados del PP habrían cobrado mordidas a empresarios a cambio de concesiones de licencias para construir parques eólicos.

Laura Domínguez, procuradora de Podemos por Burgos, calificó de “decepcionante” el trabajo de la comisión de investigación de la concesión administrativa de la construcción y gestión del nuevo hospital público de Burgos, de gestión privada, que costó finalmente ochocientos millones de euros más de lo presupuestado y, a pesar de eso, presenta graves deficiencias en su construcción. Domínguez explicó que la comisión “se ha quedado coja” porque el Partido Popular vetó la comparecencia de 132 personas propuestas en bloque por la oposición, entre las que se encontraban los técnicos de la administración y directivos de la empresa concesionaria que pueden aclarar qué es lo que ha sucedido. “¿En qué lugar nos deja esto a los castellanos y leoneses, a los que nuestro presidente nos dice que no sólo no va a dimitir, que no sólo no va a impulsar la investigación, sino que directamente va a impedir que se sepa lo que ha pasado?”, dijo la procuradora de Podemos tras recordar que esta es ya la segunda comisión que el PP bloquea.