A instancia del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, se abrió hace unos meses en las Cortes una Comisión de Investigación sobre el proceso que llevó a la ciudad de Burgos a tener un hospital privatizado, con una infraestructura deficiente, un sobrecoste de 667 millones de euros y cuyos servicios gestionados por el empresa concesionaria, Eficanza, no funcionan correctamente.

El resultado que se va fraguando en el trascurso de estos meses, donde se ha podido hablar con más de 50 personas, es el de dos relatos irreconciliables: el de la Junta y Eficanza, que sostienen que nada hay de oscuro en el proceso, que el sobrecoste respondió a nuevas necesidades y que el funcionamiento e infraestructura es perfecto; y el de los grupos de la oposición, parte de la ciudadanía burgalesa y especialistas en gestión sanitaria, arquitectos y personal sanitario, que afirma que el sobrecoste fue producto de la improvisación de la Administración y la falta de control sobre Eficanza, que la infraestructura es de baja calidad y que los servicios no funcionan correctamente.

Después de revisar cientos de expedientes, y realizar múltiples preguntas a las que no ha habido respuesta, la Comisión ha intentado analizar la proyección, la construcción, la ejecución y la explotación, a pesar de las múltiples trabas puestas por el Partido Popular, que seleccionó minuciosamente a los comparecientes para que nadie contradijera su relato. Un puzzle de 11 años que llevan desde la previsión de hacer un nuevo hospital hasta su funcionamiento actual.

El resultado, a pesar de los obstáculos interpuestos por el PP, es un poco de luz sobre un relato oscuro. La última pregunta fundamental que queda por responder es si será posible una recuperación para lo público del gran desastre privatizador del PP en Burgos.