Memoria constitucional

En mi última clase de Derecho Constitucional decidí hacer una pequeña prueba. Estamos justo en la época previa a los exámenes y el alumnado se encuentra estresado tratando de encontrar tiempo entre prácticas para estudiar. Por ese motivo, decidí hacer un trabajo práctico más particular, quizás algo más ameno que el mero comentario de una sentencia: un videofórum. Proyecté la película “Llach: la revolta permanent”, que narra los sucesos de Vitoria de marzo de 1976 y el papel que jugó el cantautor en esta época, que se saldaron con la muerte de cinco obreros durante la jornada de huelga que tenía lugar en la ciudad. Además, el contexto era inmejorable: se acababa de celebrar el aniversario de la Constitución y había explicado la Transición y las peculiaridades de nuestro “proceso constituyente” en sesiones anteriores.

La primera pregunta que les hice cuando terminamos de ver el documental fue si habían oído hablar de este trágico hecho. Tan sólo ocho personas, de unas sesenta en total, levantaron la mano. Recuerdo que el documental me impactó mucho la primera vez que lo vi. Era un adolescente de quince años, interesado en la política, pero siempre me habían trasladado el relato de una Transición modélica en España que logró, con la paz y la armonía como bandera, lo que tanto estaba demandado el pueblo: una Constitución para traer la democracia a nuestro país.

A renglón seguido tuvimos un debate de una hora, y estoy seguro de que podría haber durado mucho más. Principalmente, discutimos acerca de la responsabilidad de los delitos que se cometieron ese día en Vitoria. Los alumnos, en primer lugar, mantenían (mayoritariamente) que era necesario dirimir la responsabilidad de quién(es) fue(ron) el/los ejecutor(es) de tales atentados, pero, además, no entendían por qué aún no se había hecho. Prácticamente todos defendían la necesidad de resolver una cuestión que a una generación joven, como la suya o la mía, nos pilla ya algo lejos: la memoria histórica de los que lucharon por una democracia, primero, cuando un Golpe de Estado acabó con ella en 1936 y, luego, durante la dictadura, para lograr traer el régimen constitucional del que disfrutamos ahora. Es una obligación histórica que España aún no ha cumplido con su ciudadanía y sobre la cual la ONU nos llama todos los años la atención por su incumplimiento.

Siempre en las lecciones de Derecho Constitucional sobre la Transición se discute sobre si el proceso fue una reforma o ruptura con el sistema anterior. El “proceso constituyente” español es sui géneris: se realizó tomando como base el ordenamiento jurídico precedente (la Ley para la Reforma Política fue la última de las Leyes Fundamentales Franquistas y se realizó tomando como base la Ley de Sucesión de 1947, que permitía modificar tales normas), no se convocaron elecciones para un Parlamento unicameral constituyente (con el único cometido de elaborar una Constitución), ni hubo una desconexión con el sistema anterior.

De esta clase práctica me llevo la sensación de que algo estamos haciendo mal: ¿por qué nuestros jóvenes no conocen que la Constitución de 1978 no vino sola, sino que fue gracias a la lucha de un pueblo, con muertes incluidas, el motivo por el cual hoy día podemos votar cada cuatro años? ¿Por qué nunca se homenajea en el día de la Constitución a esas personas que con su sacrificio y vidas lograron los derechos que hoy disfrutamos?

Efectivamente, todos los días 6 de diciembre tenemos mucho que celebrar. Pero la celebración no ha de ser acrítica. Ha de servir para hacer pedagogía, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de cómo fue posible la promulgación de una Constitución (que no se hizo –sólo- en un despacho cerrado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados) y de cuáles son los ámbitos que se han de reformar. El contexto de 1978 no es el mismo que el actual: tenemos una Carta Magna no adaptada a nuestro tiempo. La crisis de régimen es un hecho que se ha agudizado desde 2011. Si ciertos actores políticos siguen mirando hacia otro lado, correremos el riesgo de que nuestros jóvenes no se sientan integrados en un régimen constitucional en crisis que es necesario sobrepasar para crear un nuevo marco de convivencia, tomando como referencia el de 1978, para todos los españoles y españolas.