Es necesario endurecer las sanciones a las gestoras de autopistas

Para garantizar el mejor servicio a los usuarios de estas infraestructuras

La procuradora segoviana y portavoz adjunta de nuestro grupo parlamentario, Natalia del Barrio, ha presentado hoy una iniciativa para endurecer las sanciones a las gestoras de autopistas hasta la retirada de la concesión en casos extremadamente graves que pongan en riesgo la vida de las personas como pudo ocurrir los días 6 y 7 de enero de este año con el atasco por la nieve de miles de usuarios en la AP-6. Del Barrio señala que lo ocurrido en la AP-6, en el Día de Reyes, en el tramo de peaje de la provincia de Segovia, fue algo grave aunque no hubiera víctimas, pero miles de personas estuvieron atrapadas en la autopista durante muchas horas por lo que lo considera “mala gestión” de Iberpistas.

A lo largo del año en curso se han producido diversos acontecimientos que aconsejan una modernización del control sobre las concesionarias de autopistas y otras concesiones de infraestructuras. Entre tales acontecimientos, y por su raíz común derivada de la gestión y mantenimiento de estas infraestructuras, en este año hemos podido asistir a la retención por la nieve de varios miles de usuarios en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, también al hundimiento de una dársena en el puerto de Vigo con un importante número de heridos, y al hundimiento de un puente en una autopista en la ciudad de Nápoles (Italia), con un importante número de personas fallecidas.
En todos estos supuestos, el origen de los mismos radica en ineficiencias en la gestión y mantenimiento de las infraestructuras. De estas lecciones es necesario sacar conclusiones a fin de adecuar los métodos de control, puesto que en las explotaciones privadas de servicios públicos se ha demostrado que prima, en exceso, la búsqueda del beneficio por el beneficio de un modo absolutamente antisocial, olvidando la función de servicio público que es la razón última de las mencionadas concesiones.

En el caso de la concesión de las autopistas de la AP-6, AP-51 y AP-61, en los últimos días hemos podido asistir a diversas noticias relativas a los acontecimientos de los días 6 y 7 de enero; en primer lugar, se ha sancionado a la empresa con la exigua cantidad fijada por la Ley de Carreteras en el momento de producirse el inmenso atasco que atrapó a miles de viajeros (300 euros al día), a también hemos podido conocer en los últimos días, el acuerdo indemnizatorio alcanzado con la empresa concesionaria y la principal plataforma de afectados, en un reconocimiento de responsabilidad por los citados acontecimientos y para evitar una demanda colectiva. Por lo demás, en relación con la AP-6 está pendiente de cumplimiento adecuado la sentencia del TJUE de 22 de abril de 2010, lo que debería conllevar la derogación del Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo por el que se modificaban términos de la concesión de la AP6, A61 y AP51; así como el Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre por el cual Iberpistas tiene la concesión administrativa de la A6.

Aunque es cierto que el caso de Vigo y Nápoles, son mucho más graves por sus consecuencias, la raíz no deja de tener un nexo común, como son los defectos en el mantenimiento y la gestión de las infraestructuras y por lo tanto hay que tomar las medidas necesarias para evitar que hechos de estas características puedan evitarse en el futuro.

Es por ello, que se necesita la modificación de algunas Normas, así como promulgación de otras nuevas, y determinadas acciones como auditorías, a fin de garantizar el mejor servicio a los usuarios de estas infraestructuras.