Operación Enredadera

Esta semana, hemos añadido otro nombre más a la lista de tramas corruptas, “Operación Enredadera” la han denominado UDEF y Fiscalía , por la cantidad de ayuntamientos a lo largo y ancho de España que supuestamente están implicados y que se han registrado en búsqueda de información. Operación, que ha vuelto a poner Castilla y León en el epicentro de la corrupción, desmontando una vez más, las palabras del Partido Popular, de que esto pasaba de largo por nuestra Comunidad.

Pero, no solo ha puesto Castilla y León de nuevo en el mapa, sino que también ha vuelto a señalar a viejos conocidos, como es el caso de José Luis Ulibarri, ya imputado por la trama Gürtel. Y es que el nombre “Enredadera” bien podía definir la forma de gestión de los negocios de Ulibarri, no solo de su “pequeña” constructora Begar, sino también de otros negocios poco conocidos, de Aralia Servicios Sociosanitarios, gestora de gran parte de los Servicios sociales privatizados de Castilla y León como centros de días y alguna Residencia de mayores, pero sobre todo de Radio Televisión Castilla y León, de la que Ulibarri es dueño al 50%

Y es que enrevesado es el sistema de funcionamiento de la televisión de nuestra Comunidad, una televisión privada financiada casi al 100% por dinero público aunque bajo el nombre de “Radio Televisión Castilla y León” intente de alguna manera hacerse pasar por la televisión pública de nuestra Comunidad, adquiriendo un nombre muy parecido, al ente público RTVE, pero sin rastro de radio. Y he aquí las dos primeras falacias.

Enrevesada es la composición de RTVCYL, 50% para el grupo Edigrup, el que dirige José Luis Ulibarri, y 50% para el grupo Promecal, dirigida por otro conocido de los grandes negocios de nuestra Comunidad, Antonio Miguel Méndez Pozo. Estos dos grandes grupos de comunicación acumulan casi el 80% de los medios escritos de nuestra Comunidad, y decidieron unirse como una UTE (Unión Temporal de Empresas) allá por 2008, cuando y no pierdan de vista este dato, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sacó a “concurso público” la concesión conjunta de dos canales digitales para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del Servicio Público de Televisión Digital Terrestre de Ámbito Autónomico en la Comunidad de Castilla y León.

Unos pliegos administrativos y técnicos que salieron a la luz sin ningún requerimiento económico. Y finalmente fue RTVCYL, quien se hizo con estos servicios, con una concesión de 25 millones los dos primeros años, 11,250 los dos siguientes y 18 millones a partir de 2014, hasta llegar en la actualidad a 162 millones de euros desde entonces.

En 2009, a través de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, lo que es una de las claves para considerarla una televisión privada ya que carece de una ley propia, se introduce una disposición adicional para crear la “Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre” y así darle un cierto carácter de “televisión pública” aunque las decisiones vengan ya predeterminadas a la Comisión. Entre otras cosas, la Comisión se encargaría de determinar los contenidos de interés general para la Comunidad de Castilla y León, estarían los representantes de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, las empresas concesionarias, aunque sin voto, pero quedaban fuera los trabajadores y trabajadoras y se adscribía a la Consejería competente en materia de comunicación, que no era aquella que había sacado la licitación, sino la Consejería de Presidencia.

Importancia tiene que quedaran fuera los trabajadores y trabajadoras de esta Comisión, ya que en 2011, vinieron las primeras consecuencias de esta “Enredadera”. Hasta 2011, RTVCYL no pago ningún IVA, ya que entendía, como así la Junta de Castilla y León también lo “entendió”, que se trataba de una subvención directa que estaba exenta de este pago por tratarse de una obligación de servicio público, pero no lo entendió así la Agencia Tributaria que reclamaba más de siete millones de euros.

Trabajadores de RTVCyL concentrados por un convenio en 2016

¿Y qué hizo RTVCYL? Pues empezar a aplicar despidos y congelación e incluso rebaja de sueldos principalmente para hacer frente a los futuros pagos de IVA, aunque por supuesto, RTVCYL no estaba dispuesto a pagar las consecuencias y recurrió la sentencia. Como siempre los desmanes y un modelo económico/ comunicativo neoliberal puro que se presentó como alternativa a otros modelos públicos de televisión, estaba resultando ser un fracaso, y contrario a los principios de calidad informativa. Edigrup y Promecal volvieron a ganar en 2018, y será toda la ciudadanía quien pague los casi 30 millones de IVA desde entonces, y al menos, esperamos, que sean aquellos que pagaron las consecuencias, es decir los trabajadores, los que sean los beneficiarios.

A este enredo habría que añadir la publicidad institucional, más de 200 millones de euros son los que ha gastado la Junta de Castilla y León en siete años, para televisión, y diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran por su puesto los del grupo Edigrup y Promecal.

Parece que el modelo “Enredadera” es el preferido de Ulibarri, y de alguno más, por eso, quizá teniendo en cuenta la situación actual, y que el contrato acaba en 2019, sería el momento ideal para replantearse el modelo de televisión que tenemos, que se empiece a entablar diálogo con los trabajadores, y buscar un modelo alternativo donde no se encuentre ningún Ulibarri.

Articulo publicado en http://www.acueducto2.com/operacion-enredadera/69679