Peques a la pública

Podemos lanza una iniciativa para conseguir que el primer ciclo de educación infantil también sea público, gratuito y de calidad.

“El primer ciclo de educación infantil también debe ser público, gratuito y de calidad”, afirmaba Lorena González, procuradora de Podemos, al presentar en la Comisión de Educación la iniciativa “Peques a la pública”. Esta propuesta, que tuvo el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular, pretendía incluir el primer ciclo de educación infantil, que va desde los cero hasta los tres años, dentro de las competencias de la Consejería de Educación, de modo que esta garantizase un número suficiente de plazas en centros públicos.
Resulta fácil imaginar los efectos que esta medida tendría sobre la vida de miles de familias que tienen que hacer malabarismos para pagar la plaza de sus hijos e hijas en un centro de educación infantil, lo que, en palabras de la procuradora de Podemos, “convierte el acceso a la educación infantil en un privilegio que muchas familias no pueden permitirse”.
En una Comunidad Autonóma envejecida, con unos niveles de paro, pobreza y precariedad alarmantes y en la que “más de 184.000 personas cobran menos de 300€ al mes” esta iniciativa ayudaría mucho a quienes ven cómo “dar el paso de tener hijos es cada vez más complicado”.
Los expertos e, incluso, el propio Ministerio de Educación reconocen la importancia del primer ciclo de educación infantil a la hora de evitar futuros problemas en el desarrollo físico, psicológico y evolutivo de los niños y de las niñas, así como para detectar lo antes posible las diferentes necesidades educativas de los pequeños.
La educación infantil es el periodo que abarca la etapa comprendida entre los cero y los seis años. “Si el segundo ciclo está garantizado en la pública, ¿por qué no ocurre lo mismo con el primero?”, preguntan desde la formación morada.
En la actualidad, tan solo existen 29 escuelas infantiles dependientes de la Junta en Castilla y León. El resto, o son privadas o de titularidad municipal, la gran mayoría de gestión privada. Son empresas como EULEN o CLECE, que, según afirmada González, “lo mismo ofrecen servicios de gestión de residuos que de gestión de centros educativos y hacen negocio explotando tanto necesidades como recursos públicos”.