Desde Podemos Castilla y León consideramos que transcurridos ya 40 años desde la aprobación de la Constitución Española y 35 desde el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad creemos que, por justicia, las Cortes de Castilla y León tienen el deber de otorgar el máximo reconocimiento institucional a las víctimas que la dictadura franquista ha dejado por el camino (y por las cunetas).

En nuestro partido argumentamos que la conmemoración del marco de libertades y derechos del que nos hemos dotado sólo puede sustentarse partiendo del reconocimiento a los represaliados por una cruel y larga dictadura, algo que sí se ha hecho en otros países de Europa y que, sin duda, ayudaría a consolidar nuestro sistema democrático y a afianzarlo en el futuro.

A este respecto, no hay que olvidar que el régimen franquista fue condenado en 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a las constantes vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas en España. En un informe de 2013 el Comité de este mismo organismo internacional criticaba la indefensión de las víctimas de la dictadura franquista e instaba a España a cumplir las obligaciones de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Poco después, Naciones Unidas volvía a denunciar la falta de colaboración de las instituciones españolas para recuperar la memoria histórica en nuestro país, poniendo sobre la mesa la enorme distancia de voluntades que existía entre las instituciones y las asociaciones representativas de víctimas en relación con las demandas de reparación.

En Castilla y León, los diversos movimientos asociativos han sido, y son, adalides en el reconocimiento de las víctimas de la dictadura en el conjunto del país y han conseguido, en cierta manera, forzar a las instituciones para que comiencen a desarrollar una política pública de memoria democrática. Por todo ello, nuestra petición a las Cortes de otorgar a las víctimas del franquismo la más alta distinción honorífica de la Asamblea Legislativa pretende dar significado y visibilidad al trabajo de todas estas personas que, a pesar de las dificultades que se van encontrando exigen, como nosotr@s, que la memoria histórica de nuestro país no se diluya en el tiempo, en pro de una sociedad más justa.