Podemos insta a las Cortes a que se cree un reglamento que establezca los criterios para el reparto de la publicidad institucional

A pesar de que la Ley 4/2009 de Publicidad Institucional de Castilla y León obliga a desarrollar reglamentariamente unos criterios estables que sirvan como base para la adjudicación de contratos que tengan por objeto acciones de publicidad institucional, en la realidad, esto no se cumple. Y no se cumple, sencillamente, porque este reglamento no existe, no está redactado.

En la actualidad los criterios que usa la Junta de Castilla y León para la adjudicación de los contratos de publicidad y, por lo tanto, del reparto del presupuesto destinado a la misma son los siguientes: para la prensa escrita se usan los resultados de la OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), para la radio los resultados del EGM (Estudio General de Medios), para la televisión los indicadores de Kantar Media y comScore para los medios digitales.

Los datos que nos proporcionan estas empresas pueden ser un primer paso válido para valorar el impacto que, en los medios, puede tener la inserción de publicidad institucional. Pero es evidente que no deberían ser los únicos criterios. Así pues, consideramos que otros aspectos no menos importantes que deberían aparecer en el futuro reglamento son: el compromiso ético de la empresa, que no atente contra la dignidad de las mujeres, que no atente contra las personas más vulnerables y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Además, pretendemos que este futuro Reglamento sea consensuado de manera participada por las asociaciones de profesionales y el Colegio de Periodistas de Castilla y León.