Podemos sigue sin fallar al compromiso adquirido con la ciudadanía. Desde nuestro partido siempre hemos considerado, y defendido, que el acceso al sistema sanitario no es ni debe ser un privilegio, sino que es un derecho reconocido para todas y todos. A este respecto hay que recordar que la puesta en marcha del Sistema Sanitario Público no sólo supuso una importantísima mejora en la atención sanitaria a la población, sino un cambio de paradigma sobre lo que debía ser un Sistema Sanitario.

Sin embargo, cualquier persona que acuda a un centro de salud o a un hospital puede percatarse sin mayor dificultad cómo estos servicios están siendo progresivamente desmantelados, sufriendo un deterioro constante tanto en la atención prestada al ciudadano como en las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en dichos centros. Estas carencias repercuten, inevitablemente, en un incremento de las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialidades, en el aumento de la demora de las pruebas diagnósticas, así como en el deterioro de la atención primaria. Consideremos que esta situación es inadmisible.

Y, por si fuera poco, la Gerencia Regional de Salud gestiona la posibilidad de que pacientes que se encuentran en la lista de espera quirúrgica de los diferentes Complejos Asistenciales de nuestra Comunidad sean intervenidos en otros hospitales públicos, pero también en el ámbito de la asistencia sanitaria privada. Esta práctica, reconocida como errónea por el Partido Popular en la moción aprobada por unanimidad en la Diputación de Salamanca, cuestiona la eficiencia entre los distintos Complejos Asistenciales de nuestra comunidad y genera la sensación de injusticia con los profesionales que prestan sus servicios en los hospitales de Castilla y León; algo que debería solventarse con una gestión más eficaz de los recursos propios, así como con un impulso a la contratación de nuevo personal en el caso de que sea necesario.

Por todo ello, nuestra petición, además de lo ya expuesto, se resume en unos puntos claros y directos:

  • asegurar que los pacientes de los diferentes complejos asistenciales sean intervenidos en sus respectivos complejos asistenciales por los profesionales de la sanidad pública, sin derivaciones a la sanidad privada, contratando más personal para el sistema público si fuera necesario;
  • reducción drástica de las listas de espera quirúrgica, las listas de espera de consultas de especialidades y de pruebas diagnósticas en todas las provincias de nuestra comunidad, con la provisión de los recursos necesarios para adecuar la demanda con el objetivo de reducir en un 20% la demora media al final de la legislatura actual;
  • el abandono del proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica que el TSJCL ha declarado no acorde con la legalidad;
  • la reconversión de los servicios externalizados, asumiendo su gestión y provisión directa.

Y repetimos: la Sanidad Pública no es un negocio. La Sanidad Público NO se vende. La Sanidad Pública, se defiende.