Podemos presenta medidas en las Cortes para evitar los desahucios y fomentar el alquiler social

No es ningún secreto decir que en España se ha favorecido la compra de vivienda por encima del régimen de alquiler. Medidas como la desgravación fiscal al propietario de la vivienda o el acceso generalizado y casi indiscriminado al crédito da buena cuenta de ello. Incluso durante los peores años de la crisis, a pesar del incremento de las viviendas disponibles y de la caída de los salarios, el precio de las viviendas llegó a triplicarse. Todo ello encaminado a favorecer el crecimiento del mercado inmobiliario y financiero como motor económico, lo que se ha llamado “la burbuja inmobiliaria” o “pelotazo urbanístico”.

En cambio, el número de vivienda social está a la cola de la Unión Europea. En nuestro país esta cifra es de un 1,1%, sólo por encima de Grecia y muy lejos de otros países como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Asimismo, España cuenta un porcentaje ínfimo de vivienda asequible (2,5%), frente a otros países europeos tales como Austria, que poseen el 24% de parque público de protección, y el Reino Unido o Francia, con alrededor del 17%, entre otros, según datos de Amnistía Internacional.

Pero es que, además, el problema del acceso a la vivienda, tanto en propiedad como protegida, se ha visto agravado por la crisis hipotecaria, cuyo resultado es espeluznante: en la actualidad, España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa. Según el censo oficial de población y vivienda más reciente, en 2011 había 3,44 millones de casas vacías. Y de las personas que sí han accedido a una vivienda, según el Instituto Nacional de Estadística, la media de habitantes de cada una en España es de 2,51 personas. Es decir que, 213.350 personas se encuentran en situación de emergencia habitacional.

A mayor abundamiento, la falta clamorosa de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía española ha favorecido la tendencia al sobreendeudamiento y al sobreesfuerzo económico para disponer de un hogar. España tiene un parque de viviendas públicas de alquiler prácticamente inexistentes: el porcentaje de viviendas de alquiler social no alcanza al 2% del total, cuando la media de la UE está entre el 15% y el 18%.

Las leyes españolas de ejecución hipotecaria comportan no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros, tanto del deudor hipotecario como de sus avalistas, subsistiendo parte de la deuda contraída. La regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan sólo el 60% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Dicha situación es insostenible y profundamente injusta. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2007, año en que estalló la crisis, hasta 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000.

Creemos que esta situación debe revertirse de inmediato para impedir que las personas sean expulsadas de sus hogares y, por otro lado, para que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda protegida o bien en régimen de alquiler. Es un derecho constitucional al que nadie tiene por qué renunciar. Por eso, desde Podemos instamos a la Junta de Castilla y León a cumplir unas directrices que nos parecen de sentido común y, además, pedimos al gobierno autonómico que exija al gobierno central el cumplimiento de aspectos que nos parecen relevantes:

  • Que exista coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los Ayuntamientos para que, en caso de desalojo, las familias no se queden sin una alternativa habitacional.
  • Que los desalojos que afecten a personas sin recursos se lleven a cabo únicamente cuando se hayan agotado el máximo de recursos disponibles para que dicho desalojo pueda evitarse.
  • Garantizar el derecho a la vivienda a las rentas más bajas.
  • Establecer programas de ayudas al alquiler para las personas que se encuentren en un proceso de exclusión residencial e incrementar el parque público de viviendas en este régimen hasta llegar, al menos, a la media europea.
  • Adoptar los mecanismos administrativos para luchar en contra del acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda, entre otros aspectos.