En Podemos volvemos a ahondar en la importancia del servicio de ayuda a domicilio. Este servicio es indispensable para una sociedad, puesto que en muchas ocasiones supone el último apoyo asistencial que la administración aporta a muchas personas cuya situación es precaria, tanto en su estado de salud como en lo económico. Por eso consideramos que este servicio debe ser público en su totalidad.

La prestación del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León sufre importantes problemas de gestión, a causa tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico. Desde el Gobierno de España los recortes acumulados en servicios de dependencia desde 2012, así como la pérdida de horas, los copagos y otras medidas, han hecho que la Ley de Autonomía Personal se convierta en papel mojado. Desde el Gobierno autonómico la incapacidad para mantener los servicios ante el abandono del Gobierno de España de sus competencias ha hecho que los servicios funcionen con una calidad y eficiencia por debajo de lo que sería aceptable: resolución tardía de expedientes en una prestación que a menudo se necesita con premura; multiplicidad de gestión en tanto que son las entidades locales y las diputaciones las que contratan el servicio, lo que conlleva a desigualdades territoriales entre provincias y mundo rural y mundo urbano; o copagos de hasta un 80 % para los hogares, lo cual se hace inasumible para muchas familias solicitantes.

Además, las condiciones laborales de las trabajadoras que realizan este servicio se ha precarizado enormemente en los últimos tiempos, lo cual es del todo inadmisible dado el importantísimo trabajo, muchas veces no suficientemente reconocido, que prestan a la sociedad.

A pesar de la situación que describimos, al PP y a C’s, no le han parecido adecuadas medidas como: aumentar el número de profesionales y de recursos materiales tanto en los CEAS como en la Gerencia de Servicios Sociales para agilizar los procesos de resolución de los expedientes de ayuda a domicilio; unificar los criterios de contratación de las entidades que prestan los servicios de ayuda a domicilio desde la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de no incurrir en desigualdades territoriales; garantizar un coste único en todo el territorio de Castilla y León previsto en los pliegos de contratación; establecer como obligatorio para los pliegos de contratación la eliminación del arrastre de horas para las trabajadoras de ayuda a domicilio, o reducir paulatinamente los copagos para que al final de la presente legislatura la mitad de los mismos sea asumida por la Administración.