Preocupante desmantelamiento de oficinas provinciales de transporte sanitario

El grupo parlamentario Podemos CyL ha solicitado hoy la comparecencia del consejero de Sanidad, ante la situación que se está viviendo de desmantelamiento de las oficinas de coordinación del servicio de transporte sanitario no urgente gestionado por el grupo Ambuibérica en las provincias de Ávila, León, Salamanca y Segovia para centralizar todo el servicio en Valladolid y que puede afectar directamente a una pérdida de puestos de trabajo.

La Junta de Castilla y León como responsable última de la gestión de este servicio privatizado debería tener conocimiento de esta situación, que pudiera estar incumpliendo los pliegos de contratación, al ser licitaciones provincializadas gestionadas por diferentes empresas, aunque pertenecientes todas a un mismo grupo, y por tanto cada provincia tiene que gestionar el transporte sanitario de la misma.

Además el incumplimiento del contrato de adjudicación vendría también por la disminución de trabajadores y trabajadoras que prestan este servicio, ya que las licitaciones siempre deben de ir acompañadas del número de trabajadores y trabajadoras que prestarán el servicio.

Esta centralización también podría suponer una merma en el servicio que se presta, al desmantelar el conocimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de pacientes, sus patologías, rutas, etc…

Compartimos aquí las preguntas registradas esta mañana en Cortes para respuesta oral del consejero en la Comisión de Senidad: ¿Tenía la Junta de Castilla y León conocimiento de esta intención de centralización por parte del Grupo Ambuibérica? ¿Cómo puede ser posible que la Junta de Castilla y León permita esta situación teniendo en cuento que se trata de licitaciones provincializadas? ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto realizar algún tipo de medida al respecto teniendo en cuenta que se pueden estar incumpliendo los pliegos de contratación?

Por tanto, es necesario que, desde la Consejería de Sanidad, se ofrezca explicaciones de toda esta situación, de un servicio público privatizado y precarizado como han denunciado los trabajadores y trabajadoras en múltiples ocasiones.