Se adivinan malos tiempos para nuestro Sistema Nacional de Salud

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Tras varios años de negociación “secreta” entre la Unión Europea y EEUU para el TTIP (Tratado Transatlántico de Libre Comercio), el delicioso bocado de los servicios públicos empieza a tomar forma y entrará en el juego de la codicia especulativa y el negocio de los grandes inversores privados.

La sanidad pública, buque insignia de muchos países europeos por su carácter de servicio a la ciudadanía por y para toda la población, es vista como un gran negocio. El objetivo clave del TTIP es una disminución de los aranceles para el intercambio de bienes y servicios homogeneizando su circulación. En el caso que nos ocupa, la regulación sanitaria europea debería acomodarse a la de EEUU vislumbrando una liberalización de los servicios públicos de tal forma que ningún sector económico quede libre de recibir inversiones privadas. En España hay aprobada una ley, la 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que da entrada al capital privado en la sanidad pública.

Ya el Comité Permanente de Médicos Europeos ha solicitado que la sanidad pública quede fuera del ámbito del TTIP y que no sea circunscrita en un contexto exclusivamente mercantilista. Pero de aquellos barros estos lodos, y tras la firma en 1990 de la Declaración Transatlántica entre George Bush y Giulio Andreotti se ha sentado una base negociadora impulsada por todos los gobiernos europeos, independientemente de su color político, hasta llegar a nuestros días.

La Comisión Europea, en su página web, vende que en ningún momento las actuales negociaciones pondrán en peligro los servicios públicos y que será un tema que se decida a nivel nacional y local. Deja a los gobiernos la libertad para administrar los servicios públicos porque no tendrán obligación de abrir sus puertas hacia el exterior. Pero lo cierto es que en España las políticas sanitarias llevadas a cabo por los últimos gobiernos contradicen esta posibilidad.

Desde el informe Abril Martorell de 1991, en el que se deja entrever que el sistema sanitario público se agota, hasta el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en el que se introduce el concepto de asegurado, se recortan prestaciones sanitarias y solo se da asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares en determinadas situaciones, han pasado años en los cuales se han llevado a cabo singulares experimentos. Por recordar algunos: modelo Hospitalario de Alzira en la Comunidad Valenciana (propiedad, financiación y control público, gestión privada; por supuesto, la quiebra del negocio la pagan las arcas públicas de la Generalitat); privatización de servicios y hospitales de la Comunidad de Madrid; Hospital Universitario de Burgos, por el que se ha abierto una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León para indagar el sobrecoste de su puesta en marcha, y un largo etcétera.

Indudablemente, al no ser transparentes las negociaciones y no poder tener datos reales de ellas, cabe la pregunta de por qué, y ante ello se presume que los grandes beneficiados de todo serán las grandes corporaciones multinacionales europeas y estadounidenses, entre las que se encuentran los grupos de presión farmacéuticos de tecnología y fármacos. El tratado podría cambiar las políticas farmacéuticas, destruiría o haría precario el empleo en el ámbito sanitario y no se podrían recuperar servicios que han sido externalizados.

A no ser que tengamos una bola de cristal, no sabremos realmente lo perjudicial que puede ser el TTIP hasta que no esté implantado en su totalidad. Con la experiencia que en España tenemos a lo largo de estos años, es previsible que nuestra sanidad pública se vea inmersa en la vorágine especulativa del negocio sanitario. El bien más preciado, la salud, entrará a formar parte de los índices bursátiles y de millonarias transacciones bancarias. Así que, siguiendo con el arte de la adivinación, la siguiente pregunta es: ¿y ahora qué…?

Jesús Gallego |  Área de Salud de Consejo Ciudadano de Podemos Castilla y León