Sufriendo la Ley Wert

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa dio tanto que hablar que podría creerse una norma revolucionaria. Sin embargo, en realidad no es más que una modificación de algunos puntos de la antigua LOE (2006), que de hecho sigue en vigor, así como la reforma de seis artículos y una disposición adicional de la LODE (1985). Los cambios introducidos han provocado, no obstante y no sin razón, la oposición general tanto de profesores, como de familias y alumnos, sindicatos y grupos políticos.

El gobierno que más ha recortado en materia de educación encargó a José Ignacio Wert la elaboración de esta reforma, aprobada a finales de 2013 con los únicos votos a favor del PP. A partir de entonces comenzó su implantación “a trancas y barrancas” en los cursos impares de la Educación Primaria y FP Básica durante el curso 2014-15, lo que supuso una casuística en cada territorio, pues muchos no contaban con la normativa requerida al comienzo del curso, o fue aprobada en el último momento, sin tiempo de conocerla bien.

Los mismos problemas se están planteando en el inicio de este curso con la implantación en Secundaria y Bachillerato, pero el ministro ya no está; le vimos partir hacia un nuevo destino dorado como embajador de España ante la OCDE en París, dejando aquí su legado…

Pero los profesores y alumnos españoles se han quedado aquí sufriendo las consecuencias de sus actos. Sacar adelante las nuevas programaciones corresponde a los docentes, quienes se apresuran a seguir cursos de formación exprés que les pongan al día; gastar dinero en nuevos libros que las editoriales se han apresurado a tener listos y adecuados a los nuevos contenidos atañe a los padres, y empezar a sufrir pensando en las reválidas o en decidir si cursarán FP o Bachillerato a una edad mucho más temprana que antes será labor del alumnado.

Más allá de los temas estrella que hilvanaron el grueso de la crítica a la LOMCE –la nueva valoración de la asignatura de religión, las reválidas, el apoyo declarado a la escuela concertada o el desprecio a asignaturas consideradas “no productivas”–, la realidad de las aulas se materializa en una premisa: más trabajo que hacer y menos recursos con los que contar.

Tras siete reformas educativas desde la llegada de la democracia, trabajadores y estudiantes merecen una ley de consenso que garantice una educación pública y laica para todos y todas.

OSCAR GONZÁLEZ Responsable de Educación de Podemos CyL