ISABEL MUÑOZ.-
Procuradora de Podemos CyL

Teóricamente, las Unidades de Gestión Clínica (UGC) se pueden vender como un modelo de gestión cuyo objetivo es integrar la calidad asistencial con el mejor uso de los recursos disponibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en realidad, esas unidades se ponen en práctica para contener el gasto sanitario y controlar las decisiones profesionales.

Están planteadas desde los criterios mercantilistas que rigen la política del PP, con la privatización como horizonte y con el agravante de los duros recortes presupuestarios de estos años de crisis.

Así, las UGC no mejorarán la situación, pues introducirán en la sanidad pública criterios propios de la gestión empresarial: objetivos, resultados, beneficios. Habrá, incluso, incentivos para los componentes de las unidades en el caso de que haya ahorro en el presupuesto asignado; algo que puede tener unos efectos perversos sobre la salud.

Tal y como están planteadas, con las UGC se favorecerá la competición entre ellas, en lugar de la cooperación, lo que romperá el criterio esencial de la gestión pública en sanidad: alcanzar los niveles exigibles de salud y satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas.

Además, los directores y coordinadores de enfermería serán designados por el Gerente, así como los responsables de las unidades funcionales, que serán designados por la Gerencia a propuesta de los directores. Esto no favorecerá un funcionamiento democrático y probablemente propiciará el aumento de los vicios y corruptelas que ya se dan en algunos de los servicios hospitalarios.   

Por lo que se desprende del decreto que regula la constitución y funcionamiento de las UGC, no habrá evaluaciones externas que ratifiquen con veracidad e imparcialidad los resultados obtenidos.  Hay que tener en cuenta que evaluar el grado de eficiencia de cada una de las unidades en su heterogeneidad también va a ser difícil. Además, uno de los peligros en la búsqueda de la rentabilidad, que no de la eficiencia, es la llamada selección de riesgos, es decir, la tendencia a atender preferentemente los casos de menor coste para tener más beneficios.

Son muchos los puntos oscuros de este modelo de gestión. Uno de los más preocupantes es el que concierne a la situación en la que quedará el personal que no quiera adherirse a las UGC, o el del grado de participación que tendrán los profesionales dentro de las unidades, porque quienes gozarán de autonomía en realidad serán los directores.

En definitiva, las UGC no tienen nada que ver con el necesario progreso en la integración y eficacia del sistema sanitario público, sino que lo fragmentará y contribuirá seriamente a su desmantelamiento con el horizonte de la privatización del servicio.